¿Hubo justicia para Berta Cáceres?

Berta Cáceres había liderado protestas y se había pronunciado en contra de la construcción de la represa de “Agua Zarca”, que representaba una amenaza a las tierras tradicionales y los recursos hídricos de las comunidades indígenas lencas. El proyecto se estaba construyendo en el Río Gualcarque, considerado sagrado por estas poblaciones. Esta defensa de lo justo supuso su asesinato.

El tribunal de Honduras que juzga el caso de la líder ecologista condenó a finales del mes de noviembre a a siete personas y absolvió a otra más por su implicación en el asesinato de la líder ecologista. Entre los condenados están los tres sicarios que dispararon contra Cáceres el 2 de marzo de 2016, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa DESA (Desarrollos energéticos).

La familia de la ecologista se mostró contraria al fallo y opinó que “hubo condenas pero no hubo justicia”, en referencia a que no se ha investigado a los dueños de la hidroeléctrica. Organizaciones como CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y Amnistía Internacional consideran que “los autores intelectuales del asesinato aún están en impunidad”.

La exclusión de las víctimas del proceso por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, y la imposición del Ministerio Público como su representante, una institución que ha sido denunciada reiteradamente por vulnerar sus derechos, han enturbiado el camino a la familia de la defensora para alcanzar la justicia y verdad en este caso”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

 

Irregularidades durante el juicio

Como denuncia Amnistía Internacional, a lo largo de la investigación, la familia de la defensora de derechos humanos, así como Gustavo Castro, el único testigo del asesinato, han reiterado que el Ministerio Público de Honduras no garantizó el acceso real y completo al expediente, ni al material probatorio.

Debido a que el Tribunal no tomó las medidas pertinentes para garantizar el acceso de las víctimas a las pruebas y el expediente, los representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro presentaron una recusación contra las integrantes del Tribunal por considerar que los mismos no eran imparciales para conocer y decidir en el juicio. Esta solicitud dio lugar a su vez a la suspensión del juicio que estaba programado para iniciarse el 17 de septiembre.

El Tribunal convocó nuevamente a inicio de juicio el 19 de octubre. Los abogados de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro no se presentaron por considerar que el inicio del juicio era ilegal, puesto que estaba pendiente la decisión de un amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.

En esa misma fecha, el Tribunal declaró el abandono del juicio por parte de la familia de Berta Cáceres, así como de Gustavo Castro. En consecuencia, el Tribunal decidió que el Ministerio Público debería asumir la representación de la familia de la defensora de derechos humanos y del mencionado testigo.

La decisión del Tribunal de imponerle a las víctimas al Ministerio Público como su representante violó la garantía del debido proceso y, por ende, afectó su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación. La representación de las víctimas no debió haber quedado en manos de una institución que ellas habían denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos.

 

La ONU pide justicia

Varios relatores y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas acogieron con beneplácito la decisión de un tribunal hondureño de condenar a los asesinos de Cáceres, pero reiteraron su preocupación por el hecho de que los autores intelectuales de su asesinato sigan en libertad.

Los expertos aseguraron en un comunicado que a nivel internacional se ha expresado una “considerable preocupación sobre el juicio”, en particular por la exclusión de las víctimas y la demora en las actuaciones judiciales.

Si bien reconocemos que la decisión del tribunal es un hecho positivo, seguimos preocupados por el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados. Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres“, declararon los expertos.

El grupo instó a las autoridades a que ofrezcan una protección efectiva a todos los defensores de los derechos humanos en Honduras, asegurando que se trata de algo imprescindible para su labor, especialmente en el caso de los defensores del medio ambiente.

 

Estigmatización y posibles actos de discriminación

Mientras el juicio avanzaba, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Justicia (MADJ), organización a la que pertenecen los abogados de la familia de Berta Cáceres, sufrieron ataques de estigmatización que buscan desacreditar su trabajo por los derechos humanos. Las autoridades no se han pronunciado para rechazar estos señalamientos o para respaldar la importancia de defender derechos humanos, y de esta manera, proteger de otros ataques a las y los integrantes de las referidas organizaciones.

De acuerdo con el COPINH, el 31 de agosto 2018, el personal de la Corte obligó a los asistentes indígenas a quitarse la vestimenta tradicional antes de ingresar a la sala del tribunal y les negó entrada a algunos asistentes indígenas a la sala en razón de que no había suficientes asientos. Por el contrario, se habría permitido el ingreso de delegados del cuerpo diplomático de distintas embajadas a quienes se les proporcionó asientos adicionales.

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